paises sin tratado de extradicion con españa No Further a Mystery
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El Juez podrá, en cualquier momento y en atención a las circunstancias del caso, acordar la libertad del detenido, adoptando alguna o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga:
El nacional condenado en el extranjero o su representante pueden solicitar su traslado ante las autoridades del Estado de condena, ante el Consulado peruano más cercano a su lugar de detención o ante la Fiscalía de la Nación.
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Por ello insistimos en la necesidad de contar con funds humano, que no es otro que un Abogado experto y especialista en OEDE
En el caso de la extradición de Chile a Portugal, se trata de una solicitud que se realiza entre dos países que tienen un tratado de extradición en vigor.
Este proceso puede incluir una audiencia en la que se escuchan los argumentos de ambas partes y se analizan las pruebas presentadas.
b) Una explicación tanto del fundamento de la competencia del Estado requirente, cuanto de los motivos por los cuales no se ha extinguido la acción penal o la pena;
- Referencias de amigos o familiares: Si se conoce a alguien que ha pasado por un proceso de extradición, es posible que pueda ofrecer una referencia de un abogado especializado en extradiciones.
En ausencia de Tratados y ante una solicitud se inquiere si en los archivos correspondientes hay expedientes de extradición en una u otra dirección con los países que lo solicitan o a los que se solicita la extradición.
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d) Texto de las normas penales y procesales aplicables al caso, según lo dispuesto en el literal anterior;
La extradición activa se generate cuando un país solicita la entrega de una persona que se encuentra en otro país. En este caso, el país que solicita la extradición debe presentar pruebas y documentos que justifiquen la solicitud.
Es importante buscar a alguien con experiencia y conocimiento en la materia, que pueda trabajar en su defensa y proporcionar asesoramiento legal. Si se enfrenta a una extradición en Italia, no dude en buscar ayuda legal lo antes posible.
Las sentencias de la justicia penal nacional que imponen penas privativas de libertad o medidas de seguridad privativas de libertad a nacionales de otro país pueden ser cumplidas en el país de origen de la persona condenada o en el que acredite arraigo.